Tras las elecciones del 20 de noviembre el Ministerio de Ciencia e Innovación envió una carta a los directores de los Centros de Investigación españoles comunicándoles que no publicarían en el BOE las ayudas del Plan Nacional de I+D+i correspondientes a los presupuestos de 2012, cuya ejecución se llevaría a cabo en 2013, a pesar de que el texto de la convocatoria estaba preparado.

La razón aducida es que dicha tarea excedía sus competencias por encontrarse el ministerio en funciones, y por haber acordado este detalle con la Comisión de Transición del Partido Popular.

Aunque la nota de la ministra saliente hizo que cundiera el pánico, en un ejercicio de responsabilidad la nueva Secretaría de Estado de I+D, dependiente ahora del Ministerio de Economía y Competitividad, publicó la convocatoria para la concesión de ayudas por la vía urgente el último día del año. Las características económicas son calcadas a las de 2011: un máximo autorizado de 325 millones, frente a los 350 de 2009 y los 300 de 2010, cuando comenzaron a sentirse los recortes. El mensaje oficial parece ser que la supervivencia está garantizada. Carmen Vela, la nueva Secretaria de Estado, ha asegurado que no se cerrará ningún centro, y se ha encomendado como misión prioritaria la creación de la Agencia Estatal de Financiación.

En cuanto a la partida global dedicada a I+D, los ajustes del ejecutivo presidido por Mariano Rajoy se alinean con las decisiones tomadas a partir del otoño de 2009 por el ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. En efecto, los presupuestos aprobados a finales de 2009 imponían un duro descenso del 15 % en el apartado de I+D+i. Un año más tarde, se recortaba otro 8 %. El nuevo gobierno ha anunciado que recortará otros 600 millones, correspondientes a un 7 % adicional, en subvenciones y préstamos, aunque se desconoce aún qué partidas saldrán más perjudicadas. En una información publicada por el diario El País se especulaba sobre la posibilidad de que se vean afectadas sobre todo las cuantías de los préstamos. En este caso las consecuencias del ajuste no serían tan dramáticas, ya que el montante previsto para créditos nunca fue ejecutado en su totalidad.

En cualquier caso, la inversión en I+D+i en España queda reducida a un 1,37 % de los presupuestos generales del Estado, muy lejos del 2 % que se había fijado como objetivo. Independientemente de si los grandes centros de investigación consiguen evitar la clausura, será difícil que España mantenga su lugar en la competición internacional por el liderazgo científico y tecnológico.

La política científica del nuevo gobierno está en cualquier caso por perfilar: el Plan Nacional de I+D+i 2008-2011 fue prorrogado un año debido al adelanto electoral, por lo que las estrategias en este campo serán reveladas sólo cuando se apruebe el nuevo plan cuatrienal, que previsiblemente abarcará desde 2013 hasta 2016. A la espera de conocer detalles será crucial la labor de Carmen Vela. Desde su triple experiencia como empresaria, científica y asesora (ha ocupado puestos de este tipo en el MICINN y en el CSIC) y con el apoyo de De Guindos, la Secretaria de Estado deberá procurar revertir la tendencia y conseguir que aumente la inversión privada en I+D, que lleva varios ejercicios de descenso acumulado.