A finales de enero de 2010, el secretario de la Federación de Industria de CC OO, Juan Carlos Álvarez Liébana solicitó al Gobierno que persuadiese a las autoridades de la Unión Europea   para que estas diesen “luz verde de manera inmediata” al Real Decreto que incentiva el uso de carbón nacional.

A los problemas estructurales del carbón nacional se han sumado la reducción de la demanda eléctrica y el descenso del precio de los combustibles en los mercados internacionales, que derivados de la crisis económica, han venido provocando desde 2008 una disminución de la competitividad del carbón nacional como materia prima para la producción de energía eléctrica. Como consecuencia de lo anterior se produjo un descenso en la demanda de este material, y la consiguiente  sobreproducción de carbón nacional comenzó a acumularse en los parques de las productoras. En consecuencia, a finales de julio de 2009 el Consejo de Ministros encomendó a Hunosa la compra y gestión del almacenamiento del carbón nacional excedentario. A finales de 2009 la empresa estatal había adquirido más de 2,3  millones de toneladas de carbón, de manera que actualmente comienza a haber un problema con el almacenamiento del material, ya que tanto las instalaciones de Hunosa como las de los productores se encuentran al límite de su capacidad.

La propuesta de Real Decreto  para incentivo del uso de carbón nacional, garantizaría el funcionamiento de las centrales de carbón autóctono hasta alcanzar el consumo de carbón equivalente a los compromisos del Plan de Minería. Asimismo, el RD  propone una prima que oscila entre los 47,75 y los 63,12 €/MWh producido. Tanto la garantía de uso del material como las primas se mantendrían hasta 2012.
Tras revisar la propuesta, la CNE  indicó en noviembre de 2009 que la aprobación del RD implicaría un aumento de la tarifa eléctrica y propuso una serie de mejoras a la propuesta entre las que se incluía el suspenso en la producción de las minas a cielo abierto.

La CNC  por su parte, apuntó que los incentivos al carbón nacional propuestos supondrían un coste desproporcionado y distorsionarían significativamente tanto el funcionamiento del mercado como los mecanismos de formación de precios.
La propuesta ha de contar con el visto bueno de la Comisión Europea, por lo que actualmente el documento se encuentra en manos de la Comisaria Europea de Competencia, Neelie Kroes, sin embargo se desconoce si ésta fallará su dictamen antes de que dentro de unos pocos días pase la cartera de Competencia Europea  a su sucesor,  Joaquín Almunia.

Adicionalmente a las consideraciones anteriores, el incentivar el uso de carbón en las centrales térmicas, ya sea nacional o de importación, va en contra de los compromisos medioambientales adquiridos por el Gobierno. La aprobación de la propuesta implicaría la emisión de hasta 25 millones de toneladas de CO2, lo que dificultaría (o encarecería) aún más el cumplimiento de los compromisos adquiridos al ratificar el protocolo de Kioto, y chocaría con los objetivos de las inversiones que el Gobierno lleva ya años efectuando para incentivar el desarrollo de las energías renovables. Uno de los objetivos de las primas a la electricidad producida con fuentes renovables es por supuesto la reducción de emisiones de gases invernadero. Por otro lado, hay que tener en cuenta que mediante el sistema de primas se fomenta el desarrollo de sectores tecnológicos que van reduciendo paulatinamente su necesidad de apoyo gubernamental, para acabar  por convertirse en competitivos y sostenibles por sí mismos como ya ocurre con la energía eólica  y está previsto que suceda con la solar fotovoltaica durante el periodo de 2012 a 2015.

Las primas a las renovables han conseguido crear sectores productivos prácticamente de la nada,  con la consiguiente generación de empleo y liderazgo tecnológico de algunas empresas nacionales a nivel mundial.
Los incentivos al uso de carbón como materia prima no tienen visos de seguir por la misma línea ya que no se puede asegurar que el sector vaya  a ser competitivo en un futuro y por tanto, que no vaya a requerir ayudas gubernamentales de manera permanente. Si sólo tuviésemos en cuenta lo anterior, lo lógico sería detener la actividad extractiva por completo y no quemar ni un gramo más de carbón.

Ahora bien, el Gobierno esgrime el carácter estratégico que tienen las reservas nacionales de carbón, ya que reducen la dependencia energética del exterior y aseguran el suministro de energía frente a las renovables, que al depender de las condiciones meteorológicas, son más difícilmente gestionables.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, y si realmente se quiere mantener el sector del carbón por su carácter estratégico (y no por otras razones) sería preferible detener la extracción y empleo de carbón o reducirla al mínimo imprescindible que marque la demanda eléctrica, (manteniendo eso sí las explotaciones operativas) hasta que todas las centrales térmicas de carbón contasen con sistemas operativos de captura y almacenamiento de carbono. Solo así tendría “sentido medioambiental” y económico el empleo de esta fuente. En caso contrario estaríamos siendo hipócritas con respecto a la política medioambiental, al tiempo que estaríamos malgastando capital al primar el uso de una materia prima que además nos va a suponer un sobrecoste por los derechos de emisión y que para más inri podría no ser competitiva ni a corto ni a largo plazo.

Iñaki Herrero, Alatec

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